La Declaración de Cartagena de 1984 es, según el ACNUR, “uno de los instrumentos jurídicos más importantes de las últimas décadas en materia de protección y soluciones en América Latina y el Caribe” para las personas que huyen de sus países buscando refugio.
En efecto, a través de esta Declaración se introdujo en el Derecho Internacional de los Refugiados una definición más amplia de persona refugiada que la que se contenía en la Convención de 1951 y en su Protocolo de 1967, que protege principalmente a quienes huían de sus países por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas.
Así, la definición ampliada de Cartagena permite reconocer como refugiadas también “a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.” Circunstancias como estas, de común ocurrencia en Latinoamérica, se han dado recientemente en Venezuela, según el ACNUR.
Dado que Chile ha hecho suya la Declaración de Cartagena, incorporando en 2010 la definición ampliada de refugiado en el artículo 2 N° 2 de su ley de protección de refugiados, sería esperable que sus autoridades reconocieran como refugiadas a las personas que han huido de Venezuela por tales motivos.
Pese a esto, el actual Gobierno ha manifestado de manera pública y expresa su decisión de no reconocer como refugiadas a las personas que han huido de Venezuela a causa de las razones expuestas. Aun cuando el Presidente Gabriel Boric ha dicho públicamente que la situación de violación de derechos humanos en Venezuela “es una realidad, es seria” y que ha “tenido la oportunidad de verla en los ojos y el dolor de cientos de miles de venezolanos que están en nuestra patria”, el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, en entrevista publicada por Revista Sur el 18 de julio de 2023, ha señalado que “no hay espacio para avanzar” en “la aplicación de Cartagena para los ciudadanos venezolanos”.
El próximo año se conmemoran los 40 años de la Declaración de Cartagena. El Estado de Chile, que ha participado en el Foro Mundial de los Refugiados 2023, ha asumido un rol de liderazgo en el llamado Proceso Cartagena +40, comprometiéndose a trabajar, en conjunto con otros Estados, en la adopción de un nuevo plan estratégico para la región en materia de protección de refugiados: la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024-2034.
En nuestra opinión, la postura del Gobierno y sus declaraciones frente a la comunidad internacional se contradicen abiertamente con lo manifestado por el Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones y con la práctica diaria en materia de protección de refugiados, especialmente de aquellas personas que huyen de la crisis de Venezuela.